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La reciente costumbre de filtrar de manera selectiva algunos interrogatorios judiciales está dando a la ciudadanía la ocasión de acceder a un mundo que hasta ahora nos era por completo desconocido. Es verdad que habíamos visto en el pasado momentos muy concretos de vistas públicas -que eran públicas- en los que un juez se impacientaba con un acusado de delitos muy graves, lo que tal vez movía a nuestra comprensión, probablemente poco meditada.
Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo que se interroga con notable violencia en los modos no solo a acusados como esos a los que me refería, sino a cualquier ciudadano que pasa por allí en calidad de testigo, e incluso a las víctimas de los delitos. Uno entendería que se justificara el acoso a preguntas bajo el manto de lo que podría llamarse técnica judicial, para no dar tiempo al sospechoso testigo -¿los testigos son sospechosos?- de pensar las respuestas, pero cuesta trabajo entender a qué vienen acciones como prohibir sonreír a un ciudadano, reclamarle que se siente erguido, preguntarle por qué se rasca la nariz.
El juez Peinado reclamara en Moncloa que se le instalara una tarima para interrogar al ministro Bolaños, como si fuera indigno de un juez estar a la misma altura de otro ciudadano
En sociedades más evolucionadas desde el punto de vista democrático, como por ejemplo la británica, a los funcionarios del Estado -es decir, carteros, profesores, policías, istrativos de los ministerios, jueces- se les califica de civil servants, que podría traducirse como servidores públicos. Y es mucho más frecuente, también aquí, tener la experiencia de ser tratado de manera correcta por todas esas clases de funcionarios. De hecho, uno tiene derecho a esperar que un funcionario se dirija a uno de manera correcta, tal como un servidor público hace con un ciudadano.
Salvo que el servidor público sea un juez. En ese caso, podría parecer visto lo visto que lo esperable es ser intimidado, maltratado verbalmente y tratado sin respeto alguno. Es significativo que, según se ha publicado y no ha sido desmentido, el juez Peinado reclamara en Moncloa que se le instalara una tarima para interrogar al ministro Bolaños, como si fuera indigno de un juez estar a la misma altura de otro ciudadano. Pero parece que había mucho interés en estar por encima de un ministro. ¿Pone en alguna parte de la Constitución que el poder judicial no es uno de los tres poderes del Estado, sino acaso un poder superior? Creo que mis lecturas están atrasadas. O tal vez pertenecen a un futuro utópico.
En una democracia, los ciudadanos merecen el respeto de los servidores públicos. Que haya que preguntarse si será necesario ponerlo por escrito en futuras reformas de las leyes de enjuiciamiento no es más que un indicio de que, por desgracia, aún nos queda mucho por hacer.
