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El debate de la democracia económica comienza por el instrumento clave, la empresa: ésta no es solo el mecanismo social para extraer plusvalor al trabajo y entregarlo al empresario; es también el espacio de socialización práctica de lo que los seres humanos hemos aprendido sobre la naturaleza y nuestras necesidades, y sobre cómo satisfacerlas. Es una institución, una creación de la historia humana, en la frontera de la civilización industrial, constituida por una amalgama del espíritu militar y las tradiciones de trueque entre comunidades distintas (i). Fue, por tanto, una innovación social para implicar en la cooperación productiva a personas de diferente procedencia. Nació de la paz, cuando la sociedad limitó la violencia a órganos públicos, y estos empezaron a ejercerla en régimen de monopolio. Pero eso no significa que la relación de unas empresas con otras sea pacífica; la civilización no impide que la competencia económica tenga como objetivo la desaparición de los competidores; objetivo principal de la violencia, al fin y al cabo. Lo civilizado es evitar la sangre, mantener la competición en un marco de reglas.
La empresa, cómo toda institución social, surge al servicio de sus creadores
La empresa, cómo toda institución social, surge al servicio de sus creadores, la burguesía en conflicto con el viejo régimen y sus regulaciones señoriales; el comerciante aprovecha las estructuras productivas de la agricultura y la industria artesanal, las conecta, explota sus capacidades productivas y ensancha sus horizontes. Las estructuras comerciales tenían como finalidad preservar el poder de sus creadores, aumentarlo y, más adelante, conforme la sociedad del viejo régimen se iba haciendo más compleja, cambiar el eje de poder, y liberar las fuerzas productivas de riqueza que se habían creado. La burguesía, creo el liberalismo cómo forma de gobierno, apropiándose del pensamiento ilustrado; el parlamentarismo y las garantías constitucionales fueron sus armas para el ascenso, evitando en lo posible los conflictos con su oponente al que acabó asimilando. Ambos temían la irrupción de las masas no propietarias, aunque éstas se colaron siempre que los enfrentamientos en la cúspide lo posibilitaros, pero liberalismo no es gobierno de la mayoría, es consenso entre propietarios y su mayor enemigo era la democracia, llamada demagogia por los ilustrados del siglo XVIII.
La democracia es la cesión del régimen liberal burgués a la presión de los trabajadores
La democracia es la cesión del régimen liberal burgués a la presión de los trabajadores; pero el objetivo liberal del pacto del voto universal y el estado del bienestar actual fue poner el conflicto social bajo normas, para lograr un funcionamiento más fluido de la sociedad. No invade la empresa, ni la burocracia pública, reductos autoritarios y núcleos del poder burgués, sostenidos por la cultura capitalista de la eficiencia. La mayoría de la gente cree en esa cultura de lo útil, ve en ella el principio rector que justifica las jerarquías istrativas de poder. La primacía de lo eficiente es asumida por la mayoría social, bajo la falsa premisa de que la jerarquía impide la desorganización gestora; este prejuicio impide comprender las razones para democratizar las empresas. Existen numerosos ejemplos de éxito en la gestión democrática de empresas, las grandes empresas alemanas están cogestionadas, y uno de los principales conglomerados industriales vascos, el Grupo Mondragón, está compuesto de cooperativas, pero la creación de una opinión mayoritaria a la entrada de los trabajadores en los consejos empresariales es, aún, una cruzada fatigosa y llena de rancias resistencias. Por uno y otro lado, se defiende al buen patrón frente a la anarquía, y la imaginación cívica en la era dominada por la tecnocracia se ve limitada por el sentido común economicista. Asusta, además, repetir lo realizado y fracasado en las Cajas de Ahorro españolas, la experiencia fue demasiado traumática, y tuvo consecuencias, la cogestión no evitó la corrupción y ésta contagió a parte de los representantes sindicales.
Pero, hay que aprender de las experiencias, buenas o malas; reordenar los hechos y analizar la secuencia de acontecimientos que condujeron a corruptelas, cuando las hubo. El error principal fue no aplicar la visión sindical a las decisiones de acción que se tomaban en los consejos de istración. Preguntarse, ¿qué aporta la cogestión al poder sindical?, ¿en qué contexto se actúa, y cómo éste evoluciona? Si el objetivo es la práctica de un sindicalismo socioeconómico, en la nueva era tecnológica, ello implica participar en el control democrático de la gestión de lo público; las empresas hoy tienen mucho de público, reciben subvenciones y entran en proyectos, desde viviendas a la agenda verde, la informatización, o el software estratégico, todos ellos marcados por el gobierno; desde una perspectiva de la defensa del bien común, las empresas se apropian del conocimiento (ii) y gestionan amplias áreas de la riqueza intangible, licencias de patente, capacitación del trabajo, control de residuos, algoritmos obtenidos de los datos privados. Más aún, cuando se trata de empresas públicas, es incuestionable la necesidad de un control democrático de los gestores; la supervisión por delegados de los impositores y trabajadores de las cajas de ahorro sobre los préstamos realizados entre 1998 y 2008 podía haber evitado la burbuja inmobiliaria. La autogestión de las empresas públicas mantiene el saber hacer en ellas, y la participación social permite evaluar sus estrategias tecnológicas y de mercado y la inversión de sus fondos, e impide que los partidos gobernantes utilicen los cargos istrativos en esas empresas para fines particulares.
La entrada en los Consejos de sociedades mercantiles sin tener un proyecto del “para qué” fue un error que no se debe repetir
La entrada en los Consejos de sociedades mercantiles sin tener un proyecto del “para qué” fue un error que no se debe repetir. En las grandes empresas, mucho más, pues los representantes laborales pueden verse arrastrados por los objetivos corporativos, y éstos son definidos por los accionistas. Cogestionar no es solo perseguir las metas comerciales de la empresa, coexisten en ella el interés de la propiedad financiera, los intereses de los empleados y los de la sociedad; si los criterios los dicta únicamente la contabilidad financiera, las decisiones responderán a los intereses de los accionistas. Otras utilidades siempre serán secundarias. En el pasado, el imperativo corporativo creaba empleo. Hoy, el fordismo ha sido desplazado por la innovación y, con él, el pleno empleo ha salido del boceto social del liberalismo; las inversiones para mejorar la competitividad esconden, a menudo, proyectos implícitos de destrucción tecnológica de empleo; la robótica y la automatización se presentan sin alternativa, pero todos los especialistas honestos reconocen que las hay, aunque los gestores financieros no las contemplen (iii). El objetivo democrático de la cogestión, en la era tecnológica actual, es controlar “in situ” el desarrollo de las nuevas tecnologías y aprender cómo regularlo para obtener de los avances en las ciencias aplicadas el máximo dividendo de igualdad social.
Resumiendo, la ingeniería de procesos, la robótica y las prácticas de recursos humanos han llevado al declive de la clase obrera industrial, coincidente con la disminución de los trabajadores organizados en los servicios, la precarización de los empleos, la proliferación de una nueva versión de la servidumbre personal y, lo más llamativo, el declive económico de la nueva clase media fundada en la difusión de los conocimientos y la democratización de la enseñanza superior. Los cambios se iniciaron por la trasformación organizativa de la producción y gestión de la empresa capitalista, enmarcada en la revolución cultural conservadora y liderada por el poder financiero, una plutocracia inversora que se apropia de los avances de la ciencia y la tecnología y confronta a la humanidad con el desmantelamiento del Contrato Social (iv). Si queremos reconstruirlo, será necesario contraponer a la alianza de inversores y gestores del capital, otra del trabajo, forjada por la unión asalariada en torno al poder trasformador del conocimiento, y provista de objetivos democratizadores concretos: empezando por la democratización de la institución empresarial mediante la autogestión de las empresas de titularidad pública y la cogestión de las grandes empresas privadas.
Pero, la coalición imprescindible para obtener estos objetivos solo será construida con paciencia y respeto por la pluralidad cultural de las clases trabajadoras, y su fortaleza será proporcional a la amplitud temporal de su estrategia para la ampliación de la democracia, con un horizonte de superación gradual del capitalismo y sus valores.
(i) Norbert Ellìas. El Proceso de la Civilización. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1987.
(ii) Hess y Ostrom (editoras), (2016) Los bienes Comunes del Conocimiento, Edit. Catarata, sobre el concepto de los bienes comunes del conocimiento.
(iii) Acemoglu, D. y Johnson, S. (2003) Poder y Progreso. Ed. Deusto
(iv) Nemat Shafik (2018): A New Contract Social, Development & Finances, December, IMF-Washington
