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El pasado 2 de junio, la Fiscalía Provincial de Madrid decretó el archivo de las diligencias preprocesales de investigación abiertas contra el profesor universitario y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Las actuaciones se iniciaron tras recibir una comunicación interna de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la que se aludía a posibles expresiones o conductas inapropiadas durante su labor como docente en el curso 2021-2022.
Tras el anuncio del archivo, la defensa legal del profesor ha hecho pública una nota en la que cuestiona severamente el desarrollo del proceso y la actuación de la Fiscalía. Según la letrada, las supuestas conductas denunciadas “no solo no son delictivas, como decreta la Fiscalía, sino que no existieron”, negando la veracidad de los hechos y calificando de imposible cualquier reproche jurídico o disciplinario.
En el comunicado, la abogada denuncia que en ningún momento se ha dado al profesor Monedero la oportunidad de declarar o defenderse formalmente, ni ante instancias istrativas ni fiscales. “No ha habido una fase contradictoria en la que se puedan realizar comparecencias, alegaciones o declaraciones de descargo”, indica, subrayando que esto constituye una vulneración de un principio básico del Estado de Derecho: la presunción de inocencia. “Tampoco se ha abierto hasta la fecha una fase probatoria en la que el profesor pueda presentar las pruebas que refutan el contenido de la denuncia interpuesta”, añade.
La abogada también ha criticado que, sin haberse desarrollado una fase probatoria, se hayan emitido resoluciones fiscales acompañadas de notas de prensa que, en su opinión, contribuyen a alimentar un juicio público sin sustento legal. Según el comunicado, la persona denunciada “aún no ha podido ejercer su derecho de defensa en su más mínima concreción”.
Por el momento, la Universidad Complutense no ha emitido un comunicado oficial sobre las consecuencias istrativas del archivo fiscal ni sobre la situación docente del profesor. La defensa ha dejado entrever que podría emprender acciones legales en defensa del derecho de su representado a una defensa efectiva.
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