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España registró en 2024 un total de 796 muertes por accidentes laborales, lo que supone un alarmante incremento del 10,4% respecto al año anterior, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La cifra, que se elevará cuando se consoliden los datos de fallecimientos ocurridos hasta un año después del accidente, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar la prevención en el ámbito laboral, alerta CCOO.
El número total de accidentes laborales con baja alcanzó los 628.300, lo que representa un ligero aumento del 0,5%. Mientras que los accidentes en jornada de trabajo apenas crecieron un 0,1%, los in itinere se incrementaron un 3,1%. Llama la atención la disparidad en la siniestralidad entre asalariados y autónomos: mientras que los primeros vieron aumentar sus accidentes con baja en un 0,9%, los segundos experimentaron un descenso del 5,2%.
En cuanto a los índices de incidencia, que reflejan el número de accidentes por cada 100.000 empleados, la siniestralidad en jornada laboral disminuyó un 2,3%, con caídas destacadas en sectores como la minería (-8%) y las actividades sanitarias (-5,6%). No obstante, el número de accidentes mortales en jornada creció un preocupante 11,2%, con un aumento del 12,8% entre trabajadores asalariados, mientras que en los autónomos se redujo un 10,8%.
Los sectores con mayor repunte en la mortalidad fueron la industria (18,8%), los servicios (12,7%) y la construcción (1,2%), mientras que el único descenso se registró en el sector agrario (-5,8%). Entre las principales causas de estos fallecimientos destacan los golpes con objetos, que crecieron un 109,1%, los ahogamientos en líquidos (20%) y los atrapamientos o aplastamientos (13,8%).
El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz Lubeiro, ha señalado que estas cifras reflejan un problema estructural en la prevención de riesgos laborales, agravado por una normativa desactualizada y una falta de recursos en la inspección de trabajo. Sanz ha instado al Gobierno a acelerar las reformas en la Mesa de Diálogo Social y ha subrayado la necesidad de reforzar el control de las condiciones laborales, dotando de más recursos a la Inspección de Trabajo y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además, ha criticado el modelo actual de prevención, basado en la externalización de servicios y en una gestión istrativa más que en medidas eficaces. “Más de 600.000 trabajadores accidentados y más de 800 muertes al año deberían ser motivo de una profunda reflexión en nuestra sociedad”, ha declarado, denunciando también que las organizaciones empresariales desvían el debate hacia el absentismo en lugar de asumir su responsabilidad en la seguridad laboral.
Las cifras publicadas evidencian que, aunque la siniestralidad global parece estabilizarse, la mortalidad en el trabajo sigue siendo un problema grave que requiere medidas urgentes y cambios legislativos para garantizar la seguridad de los trabajadores.
