Ganar una sentencia en los juzgados sale caro a la hora de hacer la declaraciĆ³n de la Renta de 2015. SegĆŗn advierten los TĆ©cnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el nuevo criterio adoptado hace poco mĆ”s de un mes por la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) respecto a las sentencias judiciales conlleva mayores cargas fiscales para los contribuyentes a los que la Justicia haya dado la razĆ³n.
En concreto, la determinaciĆ³n tomada por la AEAT no solo afecta a los preferentistas, como ya informĆ³ Gestha, sino que cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrĆ” que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autĆ³nomos o alquileres declarados.
AdemĆ”s, estos contribuyentes tampoco podrĆ”n deducirse los gastos de abogado y procurador realmente asumidos durante el proceso. Para la AEAT, estos gastos jurĆdicos son āgastos debidos al consumoā, un argumento que olvida que las costas judiciales tienen un carĆ”cter restitutorio de los gastos objetivamente necesarios para la defensa en los tribunales.
En opiniĆ³n de los TĆ©cnicos de Hacienda, una cosa es tributar porque el exceso de las costas superen a los gastos jurĆdicos realmente incurridos y otra muy diferente es tributar por el 100% de las costas sin posibilidad de deducir lo pagado a abogados y procuradores. AdemĆ”s, en muchos casos, los abogados son los que cobran directamente las costas de la parte contraria, por lo que los clientes que han ganado el pleito desconocen el importe de las costas abonadas, lo que hace muy difĆcil que puedan declararlas en su IRPF.
No declarar el importe de las costas supone que la AEAT podrĆ” reclamar las cuotas ādefraudadasā, los intereses de demora e imponer una sanciĆ³n mĆnima del 50% sobre la cuota descubierta, que en el caso de que se estĆ© conforme y se pague en plazo quedarĆa en una sanciĆ³n del 26,25%. Por ello, Gestha reclama a la DirecciĆ³n General de Tributos que reconsidere el criterio y permita a estas personas que puedan deducir los importes de los honorarios de sus abogados y procuradores y de aquellos gastos que hayan sido necesarios para su defensa en el juicio.
CĆ”lculo del impacto de las costas ādefraudadasā en el IRPF-2015
(*) Cuota diferencial calculada para costas de 4.000 euros no declaradas por personas con ingresos (base liquidable) inferiores a 20.200 euros.
Este criterio no se aplica en el PaĆs Vasco y Navarra.
Fuente: TĆ©cnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
Un millĆ³n y medio de afectados
Esto supone un varapalo para muchos ciudadanos, pues los juzgados espaƱoles dictan alrededor de un millĆ³n y medio de sentencias al aƱo, sobre todo en procesos civiles, penales y laborales, ademĆ”s de 150.000 sentencias mĆ”s que resuelven recursos contra las istraciones pĆŗblicas, en las que desde 2011 se declaran las costas en primera instancia.
En este sentido, cabe aclarar quiĆ©n debe hacer frente a las costas judiciales segĆŗn el tipo de proceso. Por ejemplo, en los procesos civiles la regla general es que sufraga las costas a quien se le desestiman todas sus pretensiones, con la salvedad de que en algunos asuntos de los juzgados de familia debe aƱadirse que quien ha perdido el juicio ha actuado con mala fe o temeridad.
En los procesos penales, las sentencias incluyen un pronunciamiento expreso sobre las costas, segĆŗn establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este importe incluirĆa los honorarios de abogados, procuradores y peritos, indemnizaciones a testigos y demĆ”s gastos asumidos durante el poceso. Por su parte, en las causas laborales no existe una condena de costas como regla general, pero si el condenado es el empresario debe abonar las costas de la parte contraria hasta un lĆmite de 600 euros. Por Ćŗltimo, en los procesos contencioso-istrativos la ley aplica de forma automĆ”tica el criterio de vencimiento.
